Según este organismo los recargos derivados de incumplimientos en materia de seguridad e higiene en el trabajo están sufriendo retrasos en su tramitación y ejecución, por la ausencia de una regulación normativa adecuada para la gestión, el control y su seguimiento.
Es la Inspección de trabajo quien reconoce, en favor del trabajador, los recargos sobre las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional y que pueden ascender a un 30% o un 50% en función de la gravedad de la falta.
Pero estos no se pudieron aplicar debido a la inexistencia de una normativa que determine el baremo al que ajustar el porcentaje de aplicación. Y a la ausencia de una regulación, impide un tratamiento homogéneo en todas las delegaciones provinciales.
Un ejemplo puede ser Madrid en donde hay recargos que no llegan al trabajador debido a falta de un sistema informático que facilite la gestión y mejore la tramitación de expedientes. Lo cual produce que el INSS no ha remitido el correspondiente certificado de capital coste a la Tesorería General de la Seguridad Social, provocando la falta de reconocimiento del derecho a los beneficiarios.
Por otro lado el Tribunal de Cuentas recomienda una actualización de las tablas de mortalidad y las tasas de interés para determinar el valor actual del capital coste de las pensiones derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a fin de garantizar su cobertura.
Fuentes: Europa Press
