Aleix es un joven de 22 años que padece un trastorno del espectro del Autismo con un grado de discapacidad del 75%. Este curso comenzó el ciclo de FP de Hostelería en un Centro Público Integrado de Castellón, pero en enero el Juzgado de lo contencioso administrativo de Castellón falló a favor de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana, rechazando su matriculación en dicho grado ya que considera que Aleix no está capacitado para seguir estos estudios.
Los padres han interpuesto demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para que resuelva el recurso que han presentado contra dicha sentencia.
Para los padres la situación está muy clara quienes afirman que «su hijo es víctima de un claro ejemplo de discriminación» por discapacidad. Además explican que «mi hijo está en casa, con ansiedad, y nadie sabe el daño que le están haciendo».
La madre de Aleix lo defiende diciendo que si Educación le hubiese aportado los apoyos y los ajustes necesarios a los que tiene derecho por ley, el joven podría seguir perfectamente las clases. Además desde educación no le han proporcionado el profesor de apoyo a quien tiene derecho.
La madre sigue insistiendo que es el padre quien ha adaptado los temarios a la discapacidad de Aleix, así como quien le ha ayudado con los deberes y quien se preocupaba de que entendiera los contenidos a través de sus explicaciones.
Todo ello se ha realizado, según la Generalitat Valenciana dentro de la responsabilidad sobre educación inclusiva que regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros valencianos, armoniza la distinta normativa existente, simplifica los procedimientos, facilita más coherencia en el desarrollo normativo y flexibiliza el acceso al segundo ciclo de Infantil al alumnado con discapacidad intelectual o retraso madurativo.
Asimismo, desde Educación sostienen que «la Dirección Territorial ha hablado en todo momento con la familia de Aleix y realizó un seguimiento personalizado del caso».
«Siempre se ha velado por los derechos del alumno y se han adecuado las soluciones a su caso concreto», refieren.
Los padres insisten en que “Lo que ocurre es que en ningún momento se le han prestado los apoyos que necesitaba, y eso contradice la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad» firmada por España, explica Rodríguez Zapatero (abogado de la familia del joven).
En su opinión, esta sentencia «puede ser pionera en este sentido», pues supondría reconocer que las personas con discapacidad pueden permanecer en la FP ordinaria más allá de los 21 años.
«Ya hubo un fallo que reconocía este derecho en la educación Especial, pero hasta hoy no hay precedentes en la ordinaria, que es la mejor modalidad para Aleix.
Según su madre, «elegimos la FP de segunda oportunidad (a través del programa de Garantía Juvenil) porque todos los requisitos que exigía, Aleix los cumplía de sobra: ser mayor de edad, haber dejado la ESO, pertenecer a un colectivo en riesgo de exclusión, etc.
Fuentes: Servimedia
